¿POR QUÉ HA DE SER GRATUITA LA PRIMERA CONSULTA EN LOS SERVICIOS JURÍDICOS?

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Con el artículo de hoy quiero dar mi opinión ante la extendida realidad de que las consultas jurídicas iniciales deben ser gratuitas.

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿por qué deben ser gratuitas?

Las respuestas suelen ser siempre las mismas por parte de las personas que solicitan nuestros servicios, “solo quiero conocer mis derechos” o “hay despachos que no cobran por la primera visita”.

¿En la sanidad privada regalan la consulta?, ¿El fontanero no cobra por su primera reparación? o ¿El taxista te lleva gratuitamente?

Pues entonces, ¿Por qué ha de ser gratuita la primera consulta en los servicios jurídicos?

No se bebe olvidar que detrás de una consulta, por sencilla que parezca, cuando atendemos a un cliente en nuestro despacho, le estamos ofreciendo, nuestros conocimientos mediante una titulación académica homologada, un reciclaje constantemente de nuestra profesión y como no, nuestro tiempo; sin olvidaros tampoco de la larga retahíla de gastos que soportamos para poder ejercer nuestra profesión.

Entiendo que cada profesional puede hacer con su trabajo lo que considere oportuno, pero según mi criterio el hecho ofrecer una primera consulta no remunerada, es un error, ya que debemos valorar nuestra profesionalidad y dedicación.

Cuestión diferente es que, por razones amistad, solidaridad o estrategia yo como profesional decida no cobrar determinadas consultas.

La experiencia demuestra que ofertar la primera consulta gratuitamente con el objeto de captar clientes no es la mejor estrategia, ya que si no se cobra es muy posible que el cliente busque una segunda opinión con otro profesional, debido a que la primera le salió gratuita o simplemente  viene a confirmar aquello de lo que se ha informado en internet.

En la jurisdicción social a diferencia de otras disciplinas jurídicas, muchos de los temas planteados en las consultas se resuelven sin necesidad de procesos judiciales, y en las susodichas consultas resuelves mil dudas al cliente, que, dependiendo del tema, se las puede arreglar por su cuenta, por tanto se debe cobrar según mi criterio la consulta, y si de la misma se derivase un proceso judicial, soy de la opinión de restarle la consulta de los honorarios del litigio.

Por tanto, el problema es no llamar a esa primera consulta “consulta inicial”, sino que debe llamársele de otra manera, dándole “un nombre, un propósito y un valor”, para que este asesoramiento sea visto por el potencial cliente como una parte más de los servicio ofertados y por el que se ha de pagar, como en cualquier otro ámbito profesional, y así erradicar la creciente idea de que el asesoramiento es gratuito.

BC